Operativos conjuntos entre autoridades de México y Estados Unidos han expuesto el uso sistemático de pequeños comercios, talleres y estéticas como fachadas corporativas para el lavado de dinero de los principales grupos delictivos. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) mantienen activas investigaciones que rastrean la inyección de capital ilícito en la economía a nivel de calle, resultando en congelamientos de cuentas multimillonarios.
La arquitectura de este ilícito se basa en la opacidad corporativa y el uso de prestanombres. Investigaciones federales demuestran que familiares o empleados figuran como titulares de micronegocios, asumiendo el riesgo legal mientras el beneficiario final permanece oculto. Este escudo legal permite a las organizaciones criminales operar flotillas de transporte local, bares y refaccionarias sin exponer a sus líderes ante la fiscalización de la Secretaría de Hacienda.
El caso de Mazatlán, desclasificado por la OFAC en 2025, documenta el modus operandi de la facción conocida como «Los Chapitos». La red sancionada utilizaba entidades registradas bajo giros de servicios de belleza y operaciones turísticas locales para justificar el ingreso de efectivo. La designación internacional provocó el bloqueo administrativo inmediato de activos de 7 personas físicas y 15 personas morales involucradas en la estructura de lavado.
A nivel doméstico, la supervisión de las «Actividades Vulnerables» ha derivado en acciones coercitivas directas. Reportes oficiales confirman la suspensión de operaciones en 13 casinos, instalaciones que, debido a su intensidad en el manejo de efectivo, fueron detectadas mezclando ingresos legítimos con recursos de procedencia ilícita. Estas acciones han sido notificadas a las autoridades fiscales para el deslinde de responsabilidades penales.
La Secretaría de Hacienda, a través del SAT, persigue activamente el soporte documental de estas redes mediante el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación. La detección de las denominadas «factureras» o Empresas que Facturan Operaciones Simuladas (EFOS) permite a las autoridades inhabilitar los comprobantes fiscales utilizados por talleres mecánicos y empresas de servicios para inflar costos y mover recursos entre cuentas bancarias.
La cooperación bilateral ha impactado también en redes de fraude inmobiliario y turístico. Esquemas de «tiempos compartidos» operados por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) han sido desmantelados tras comprobarse su dependencia de pequeñas agencias de viajes locales que fungían como terminales de cobro y dispersión de fondos extraídos de víctimas extranjeras.
El combate legal a estas estructuras enfrenta la resistencia del sistema de amparos. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido criterios sobre la naturaleza administrativa de los bloqueos de la UIF, determinando los límites constitucionales de la inmovilización de fondos cuando esta no deriva directamente de una petición de asistencia jurídica internacional, marcando el terreno de batalla legal entre el Estado y las redes financieras del crimen.
